La discapacidad o la exclusión todavía invisible

En el programa electoral de Izquierda Unida se habla de discapacidad y derechos. Las propuestas en torno al tema están recogidas en el apartado referente a los servicios sociales, aunque también hay menciones en relación con la política de comunicación y las nuevas tecnologías.

Me parece que merece la pena empezar esta reflexión con un pequeño comentario de texto: la palabra virtualidad aparece tres veces en nuestro programa, una referida a la justicia militar y dos a la discapacidad. Sobre la justicia militar se puede hablar en otro momento… Pero qué interesante destacar ahora la relación entre virtualidad y discapacidad: reconocer que legislar sobre este tema produce normas escasamente efectivas pone de manifiesto que de hecho no consideramos a las gentes con alguna deficiencia como ciudadanas plenas.

Y esto va a ser así mientras todo lo que tengamos que decir sobre discapacidad nos quepa en el ámbito de los servicios sociales. En mi opinión, el tema tendría que haber estado incluido en el apartado 5, “Mejorar los derechos, asegurar su cumplimiento…”. Una organización como la nuestra tendría que dejarse interpelar por las propuestas políticas elaboradas por las personas con discapacidad; no sólo por las de los profesionales de la discapacidad ni las de las expertas sobre discapacidad, porque enfocar sólo a profesionales y expertas es lo que nos lleva a ceñir el tema a los servicios sociales. Lo que quiero decir es que, de la misma forma que otros colectivos que se reconocían como tales en razón de una exclusión determinada han ido haciendo aportaciones para una sociedad más justa (más madura e inclusiva), las gentes con discapacidad están elaborando reflexiones —sobre el ser humano, su cuerpo, la gestión de la autonomía aun dentro de la dependencia o la reivindicación de la vulnerabilidad como elemento revolucionario— que creo imprescindibles para entender mejor quiénes somos y buscar caminos de desarrollo personal, o sea, de justicia social, sin tener que adecuarnos a estándares corporales que, lo siento, muy poca gente cumple.

Creo que la izquierda tiene pendiente incorporar a su praxis las propuestas de las personas con discapacidad. Ante la corrección política que supone el actual reconocimiento de derechos como si todas las personas fuéramos iguales, tenemos el reto de devolver a tullidas, deficientes mentales, seres incompletos, deformes, su condición de sujetos políticos plenos, capaces de desvelar las trampas de la normalidad —la mentira del ciudadano universal, la necesidad de tener un cuerpo estándar para mayor gloria del mercado—, y revelar otro mundo posible: diverso, maduro, justo, bueno.

Empleo, vivienda y precariedad de vida

Para terminar con la precariedad laboral, se hace necesaria la aprobación de la Ley de 35 horas de trabajo. Esta reivindicación que fue bandera de la izquierda política y sindical hace unos años y llenó con manifestaciones las calles del Estado, se debe recuperar para caminar hacia un pleno empleo digno y de calidad. Eliminación de una vez por todas de las Empresas de Trabajo Temporal y fin de la subcontratación para la prestación de servicios públicos. Servicios cómo la atención a domicilio, limpieza viaria, servicio de agua, recogida de basuras, servicio de suministro eléctrico y de gas… han sido sucesivamente privatizado por los gobiernos socialistas y populares, es el momento de cambiar radicalmente esta política y gestionar directamente o mediante empresas públicas estos servicios. Para ello sería necesario reformar totalmente el sistema recaudatorio para asemejarlo al de países europeos cómo Finlandia o Dinamarca, y por supuesto terminar con la descarada evasión fiscal que padecemos.

En este país urge una política real de vivienda, y no los parches que se han venido poniendo hasta ahora. La imposibilidad de acceso a una vivienda digna, el nivel de hipotecación que vive gran parte de la sociedad española, unido a la precariedad y a la inestabilidad laboral, nos ha llevado a una precarización de la vida, tanto es así que ya se ha acuñado un nuevo término y hoy cabe hablar de “precariado” en lugar de proletariado. Es necesaria una política de vivienda que establezca a esta cómo bien de uso y no cómo bien de mercado, facilitando el acceso a ella sobre todo mediante el alquiler a unos precios justos y acordes con la capacidad salarial. Modificar la política fiscal para dejar de primar la compra con desgravaciones y favorecer a las personas que alquilan, así cómo gravar a las viviendas que permanezcan vacías, teniendo en cuenta que si la situación de no ocupación persiste, se pueda llegar a la expropiación por parte del Estado u organismo competente.

Urge también mejorar la financiación municipal para que ésta no dependa no dependa en gran parte del 10% de las operaciones urbanísticas con constructoras y promotoras, y la construcción deje de una vez por todas de ser un negocio multimillonario. Para ello reiteramos que sería necesaria una modificación del sistema tributario.

Para finalizar este capítulo, no debemos olivarnos de un tema absolutamente necesario para la lucha contra la exclusión social y por una vida digna: la Renta Básica Universal. La izquierda anticapitalista que representamos debe de abandonar el discurso productivista y de sacralización del trabajo necesario para que se acepte el trabajo degradado y degradante. Desde Izquierda Unida abogamos por un modelo de ciudadanía cuyos derechos no sean dependientes de su vinculación laboral. Concebimos una ocupación desligada a la forma salarial o de mercado, terminando con la sacralización del trabajo. Esto es posible, se puede organizar, ya existe bajo formas diversas en otros países.